De juzgado de guardia (en efectivo)

En estos tiempos de protestas ciudadanas por temas sanitarios, educativos y de cualquier otra clase y condición, ha irrumpido con fuerza uno de esos poderes que yo pensaba, a priori, que estaba a salvo de la infame tijera que para todo tiene justificación, por peregrina que sea: la justicia. 

Así es. Jueces y magistrados de todas partes del territorio nacional claman desde hace días con huelgas y manifestaciones contra una serie de medidas que, en su opinión, lo único que garantizan es la inaccesibilidad a una serie de derechos fundamentales por la sencilla razón del dinero. El aumento desorbitado de una serie de tasas en procesos que antes se consideraban básicos, provocará que ahora dichos procesos sean patrimonio solo de unos pocos (los que tienen patrimonio para permitírselo, como era de esperar). Así, por ejemplo, una persona que a partir de ahora quiera denunciar a su empresa por despido improcedente deberá abonar la nada despreciable cifra de 500 euros (¡500 euros!) no reembolsables. Es decir, que tanto si el juzgado le da la razón como si no, esa cifra ha de abonarla sí o sí, si es que quiere llevar a buen puerto su denuncia. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de trabajadores que han sido despedidos de forma improcedente que están en disposición de denunciar por semejante cantidad?

Como era de esperar, la reacción del gobierno con cualquier colectivo que cometa la imprudencia de contradecir sus sacrosantos designios no se ha hecho esperar. Les ocurrió a los controladores aéreos en su momento, luego a los profesores, más tarde a los médicos y ahora les toca, obviamente, a los jueces y abogados de este país. Ya nos aclaró ayer el ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que en realidad estas protestas están cubiertas de un bochornoso barniz de hipocresía, porque en realidad a los jueces y magistrados todo esto de los derechos de los pobres trabajadores les da igual: lo que ocurre es que como les han reducido una serie de permisos, pagas extras y días de asueto (lo cual también es cierto, dicho sea de paso), claman y se rasgan las vestiduras porque no quieren perder esos injustificados privilegios.

A ver si les suena de algo esta historia: la ley de tasas judiciales, reforma de la estructura y competencia del Consejo General del Poder Judicial y la carrera judicial propuesta por el gobierno elimina las sustituciones externas, lo que supone una mayor carga de trabajo a los titulares. Las reformas educativa y sanitaria se llevaron por delante a los interinos, dejando únicamente a los funcionarios con plaza, y suprimía las sustituciones de menos de quince días, por ejemplo. Y cuando el sector judicial protesta ahora, como hicieron los otros en su momento, el gobierno responde con acusaciones de intereses particulares y defensa de derechos inmerecidos e injustos de este colectivo para con el resto de la sociedad española. Jueces por la Democracia se ha hartado de repetir que sus encendidas protestas no tienen nada que ver con bajadas de sueldo o una carga de trabajo asumible, pero lo que no tiene justificación es que se cobre por acceder a la tutela judicial efectiva en el ejercicio de los derechos legítimos, que es ni más ni menos que un derecho fundamental reconocido, en la teoría y para todos los ciudadanos, en el artículo 24.1 de nuestra Constitución. De la tutela judicial efectiva se pasará a la tutela judicial en efectivo, y a eso sí que no hay derecho.

Casos como el de aquel ciudadano que quiera recurrir una multa de 100 euros pagando una tasa de 200 pone de manifiesto el absurdo al que el ministerio de Justicia ha llevado el afán recaudatorio o austero de estas políticas impuestas desde Europa. Sencillamente no tiene sentido que una administración que ya estaba atravesando por una situación gravísima, de una situación de colapso debido a la falta de personal y recursos, vea ahora reducidos sus servicios públicos de una manera tan sangrante en beneficio de no se sabe quién. Lo más probable es que un buen número de ciudadanos renuncie, simple y llanamente, a la defensa de sus derechos por la simple razón de no poder permitirse pagar las tasas que implique su caso particular. 

Todo esto se produce, además, en un clima de una tensión insoportable para todos los implicados, que demuestra una falta absoluta de sintonía entre todos los participantes. No se ha producido una sola reunión con los profesionales ni una sola mesa de negociación, exactamente como ya ha ocurrido con el sistema sanitario o el educativo, y ante las protestas del sector judicial la respuesta de Gallardón es, como digo, sangrante: "Las tasas quienes nos las han pedido son los jueces", afirma, tajante, para responder más tarde a las críticas con sorna: "Cómo no van a protestar, si les hemos quitado la paga extra de Navidad".

De acuerdo con los protestantes de las últimas manifestaciones, tanto de la sanidad y la educación como de la justicia, lo que hace aún más desesperante esta situación, la verdadera gravedad de toda esta problemática es que no termine de llegar con la fuerza que debería a la conciencia de los españoles, que asisten con bastante indiferencia al desmantelamiento, sistemático y consciente, de todos y cada uno de los servicios públicos que, en menos de lo que se piensa, van a verse modificados de una manera radical. Hospitales, colegios y tribunales van a terminar convirtiéndose en territorio vetado para una amplia mayoría (hospitales de calidad en la atención médica, colegios de prestigio educativo y tribunales de un servicio de calidad en la defensa de los derechos fundamentales, se entiende). Si no le damos importancia a la atención médica de nuestros hijos, a su educación o a la defensa de nuestros derechos, ¿a qué se la damos, entonces? Es un absoluto misterio.